Un total de ocho organizaciones feministas han recogido "más de 600 firmas" en contra de la Ley LGTBI que tramita el Gobierno de Asturias. Así lo explicaron ayer en Gijón, en la Casa de Encuentros de las Mujeres, las portavoces de estos colectivos, que plantean una serie de modificaciones para esta norma, la cual consideran propia de "un Estado intervencionista con unas propuestas muy autoritarias". Las representantes de este colectivo expresaron sus dudas frente a la ley, que tienen que ver con la "falta de tutela" para las personas que transicionan, con las sanciones que propone o con temas deportivos, entre otras cuestiones. A grandes rasgos, según afirmó Begoña Piñero, de la Tertulia Feminista "Les Comadres", entienden que "si la ley sale tal como está, toca completamente la línea de flotación de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género del Principado". Este viernes, avanzan, presentarán propuestas concretas de enmiendas. Las asociaciones que han recogido las firmas son Asfemas, Rapiegas, Foro de Mujeres de El Llano, Mujeres Progresistas "Sara Suárez Solís", Fórum de Política Feminista, Femes y la Tertulia Feminista "Comadres". Begoña Piñero, de esta última formación, así como Victoria Fernández, del Foro de Mujeres de El Llano, y María José Capillín, del Fórum de Política Feminista, fueron las encargadas de poner voz a las reclamaciones del resto de colectivos. Lo hicieron facilitando un manifiesto que lleva por lema "No negamos derechos, ni renunciamos a los nuestros". "Ninguna de las asociaciones que estamos aquí tenemos nada en contra de ninguna persona, pero desde luego no vamos a renunciar al sujeto del feminismo, que somos las mujeres", expresó Piñero. En ese manifiesto hacen una lectura, a su juicio, de la situación. Cargan contra el consejero Ovidio Zapico y la directora general, Nuria Rodríguez, por "negarse a escuchar las razones expresadas por profesionales, familias y asociaciones feministas" sobre los problemas que plantea el proyecto de ley. Añaden que "han renunciado a explicar por qué defender derechos del colectivo LGTBI exige renunciar al buen funcionamiento de los servicios públicos en Asturias". En su manifiesto, se cuestionan si "los servicios públicos son homófobos o discriminatorios" y dicen que "no es una pregunta retórica" porque, entienden, "el proyecto de ley es más bien un reglamento de instrucciones precisas que sanciona con un total de 23 infracciones, con sus consiguientes multas, al personal de la Administración que no las cumpla". "Es una ley mordaza", apostillan. Entre sus críticas, también se centran en la diputada Covadonga Tomé, de la que dicen que "desde su posición de franca minoría parlamentaria ha rechazado algunas opiniones por minoritarias", y lamentan que el PSOE "permanezca mudo, seguramente debido al sapo que estaba tragando". Denuncian, además, que el proyecto de ley no se ha remitido ni a los centros educativos y sanitarios, ni a establecimientos de mayores, ni a federaciones deportivas, "a pesar de que ellos están afectados por disposiciones muy concretas". Entre las propuestas que ellas hacen se cuentan varias. Por un lado, piden eliminar los artículos que potencian "las escasas garantías que tiene la ley trans estatal para el cambio de sexo registral, ya que, de aprobarse, la ley LGTBI de Asturias obligará al personal de la Administración a reconocer cambios de identidad sexual en centros educativos, sanitarios, etcétera". Exigen "prudencia" con los menores porque la ley "ignora evidencias científicas" que han llevado a otros países a retrasar tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores. También piden que los sanitarios vean "preservado su derecho" a emitir un juicio profesional, que se elimine el régimen sancionador y que no se obligue a las federaciones deportivas a "admitir a personas de sexo masculino en competiciones femeninas". También reclaman que la Administración regional "acompañe a familias y menores trans" y que actúe con las recientes evidencias científicas en lugar de obligar a los progenitores a colaborar en el reconocimiento del cambio de identidad sexual de menores. Por último, tachan el proyecto de ley de "irresponsable", puesto que "no reconoce la realidad de la detransición". Así, zanjan que se trata de "un texto coercitivo, ajeno a la realidad de nuestros servicios públicos y acordado de espaldas a la sociedad".

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