En agosto de 1980 el Gobierno Civil de Barcelona registró al Front d'Alliberament Gai de Catalunya como asociación legal. Bajo la dictadura, la homosexualidad era considerada pecado, enfermedad y delito, regulada por la Ley de Peligrosidad Social que provocaba redadas y malos tratos. El FAGC surgió en 1975 liderado por Armand de Fluvià en un clima de mucho miedo y censura. Las manifestaciones de finales de los 70 ayudaron a cambiar la opinión pública con el apoyo de feministas y partidos de izquierda. Tras el rechazo inicial de sus estatutos, se abrió un contencioso administrativo y se recaudaron fondos para ello. La legalización de facto llegó con el reconocimiento de 54 ayuntamientos catalanes. Bajo el franquismo, las personas LGTBI sufrían prisión en cárceles como Badajoz, Huelva o Tefía, seguidas de destierro y la imposibilidad de encontrar trabajo, llevando a muchos a la depresión y el suicidio.
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